Un grupo de 18 jueces de Garantías y de Ejecución Penal de todas las circunscripciones de Corrientes formalizó un enérgico reclamo ante el presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan para exigir la inmediata equiparación presupuestaria y salarial con los magistrados que integran los tribunales de Juicio y de Revisión. El planteo, ingresado tras dos presentaciones previas realizadas en mayo de 2025 y febrero de 2026 que no obtuvieron respuesta, combina fundamentos técnicos sobre el funcionamiento del nuevo sistema penal con severos cuestionamientos hacia los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El documento lleva las firmas digitales de los magistrados María Josefina González Cabañas, Andrea María Ibáñez, María Amelia Zair Nicolás, Rosa Elizabeth Ascona, María Cristina Sánchez, María Agostina Falcione, Sara Marina Durand, Mirta Elena Aguirrí, Néstor Óscar Anocibar, Lucio Raúl López Lecube, Francisco Antonio Arrúe, Simy Beatriz Benasayag, Leandro Damián Llorente, Silvia Erika Benítez, Carlos Antonio Balestra, María Teresa Zacarías, Jorge Gustavo Vallejos y Martín José Vega. Todos ellos solicitan que el máximo Tribunal provincial disponga una adecuación provisoria de categorías hasta tanto la Legislatura actualice las leyes orgánicas del sector.
EL DESFASE ESCALAFONARIO
El eje central del planteo radica en la desigualdad salarial interna que persiste dentro del fuero Penal, pese a la puesta en marcha de la Ley Provincial 6.518, normativa que instauró el modelo procesal acusatorio. Según exponen los magistrados, el Código vigente colocó a todos los jueces penales en un plano de horizontalidad e igualdad funcional, dejando únicamente a la Cámara de Casación como segunda instancia revisora.
Sin embargo, el escalafón judicial mantiene la vieja estructura previa a la reforma. En la práctica, los jueces de Tribunal Oral y de Revisión perciben haberes correspondientes a la clase 103, mientras que los jueces de Garantías y de Ejecución permanecen relegados en la clase 107, el anteúltimo peldaño de toda la magistratura correntina, apenas por encima de los jueces de Paz.
Los firmantes remarcan que esa brecha resulta incompatible con la carga real de trabajo que absorben a diario. De acuerdo con las estadísticas oficiales citadas en el escrito, el 80 por ciento de los legajos penales de la Provincia se cierra durante la etapa preparatoria, bajo la directa intervención de los jueces de Garantías, quienes dictan condenas o absoluciones mediante juicios abreviados y unifican penas.
A esa tarea suman la obligación de cubrir guardias permanentes durante todo el año en días feriados y horarios nocturnos, donde las demoras para firmar una resolución se contabilizan en minutos bajo apercibimiento de sanciones, a diferencia de otros fueros donde los expedientes pueden demorar más de un año.
