El diputado provincial Ricardo Caíto Leconte, de La Libertad Avanza (LLA), presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la dotación y el uso de armas de letalidad reducida por parte de la Policía y del Servicio Penitenciario provinciales, con fondos que hoy están asignados a programas de perspectiva de género y diversidad.
El Expediente Nº 20.440 tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles 23 de septiembre, ocasión en la que fue girado a las comisiones de Seguridad y Servicios Penitenciarios, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con preferencia para ser tratado en el recinto dentro de las próximas tres sesiones.
En el recinto, el legislador explicó el eje de la iniciativa. “Todos sabemos que cuando las fuerzas se encuentran ante una situación de violencia tienen dos alternativas: no sacar el arma o sacar el arma inmediatamente”, planteó, y sostuvo que ese escenario genera incertidumbre y vulnerabilidad en los agentes, que quedan expuestos a sumarios. Por eso, pidió que la Cámara les dé “una alternativa intermedia”, con pistolas de electrochoque, lanzadores de impacto cinético, agentes químicos y otros dispositivos de letalidad reducida.
El texto establece que el Ministerio de Seguridad deberá homologar y proveer esos equipos de manera progresiva. Además, fija metas a cumplir en 365 días corridos: 1.000 lanzadores de puño y 500 de hombro, propulsados por aire comprimido o dióxido de carbono, para la Policía; y 100 y 50, respectivamente, para el Servicio Penitenciario.
Además, se establece que el Poder Ejecutivo tendría 30 días desde la sanción para dictar la reglamentación.
En los fundamentos de la normativa se aclara que estas armas no reemplazan ni limitan el recurso al armamento letal ante un peligro inminente: “Complementan la fuerza, no atan las manos del efectivo”, arguyó Leconte.
