Tiempo atr\u00e1s, los ministros del m\u00e1s alto Tribunal de la Naci\u00f3n dieron una clara se\u00f1al a la sociedad. Admitieron que la selecci\u00f3n de los jueces y fiscales ten\u00eda una alta dosis de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad, y propusieron al pleno del Consejo de la Magistratura fijar pautas de cumplimiento inexorable, limitando la incidencia de la entrevista personal. Se advirti\u00f3 que terminaron en las ternas postulantes que estaban en los puestos 31 y 26, como casos m\u00e1s extremos, aunque la alteraci\u00f3n era moneda corriente. En Corrientes tambi\u00e9n resulta oportuno dar m\u00e1s transparencia y seriedad, as\u00ed como acotar el resultado del llamado coloquio.<\/p>\n
La aprobaci\u00f3n de la propuesta de aplicar el criterio del m\u00e1s alto Tribunal del pa\u00eds para seleccionar jueces colocar\u00eda a Corrientes como la primera Provincia en recoger el guante. Una se\u00f1al para la sociedad, para el mundo tribunalicio local, para la propia Corte Suprema y para el resto de los superiores tribunales del pa\u00eds.
\nEl proyecto presentado por Fernando Niz y Eduardo Panseri es de hecho una bocana de ox\u00edgeno. Fue presentado al Consejo de la Magistratura provincial y busca erradicar la discrecionalidad en la designaci\u00f3n de magistrados mediante la incorporaci\u00f3n de anonimato digital, entrevistas grabadas, concursos anticipados y regular los l\u00edmites del coloquio.
\nLa calidad institucional de la Provincia de Corrientes y la tutela judicial efectiva dependen directamente de la idoneidad e independencia de quienes asumen la funci\u00f3n jurisdiccional. Bajo esta premisa fundamental, y con la impronta impulsada desde el Superior Tribunal de Justicia por figuras como los ministros Niz y Panseri, se formaliz\u00f3 una propuesta de alto impacto pol\u00edtico e institucional. Se trata de un proyecto concreto para modificar el Reglamento de Concursos para la Selecci\u00f3n de Aspirantes a Magistrados del Poder Judicial correntino.
\nEl documento, fechado el 17 de septiembre de 2026 y dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura provincial, Guillermo Semhan, representa un punto de inflexi\u00f3n. La iniciativa deja en claro que la selecci\u00f3n de jueces no debe ser un mero tr\u00e1mite burocr\u00e1tico ni una cuesti\u00f3n de inter\u00e9s corporativo, sino una garant\u00eda constitucional primordial de la forma republicana de gobierno. A escala provincial, la relevancia de esta ofensiva radica en su objetivo central de desvincular la cobertura de vacantes de la coyuntura pol\u00edtica o de la urgencia del cargo desocupado.
\nPara lograr este blindaje institucional, el proyecto estructura su reforma sobre ejes operativos sumamente estrictos que limitan los m\u00e1rgenes de discrecionalidad. En primer lugar, impone como regla general la convocatoria a concursos anticipados por regiones judiciales antes del 15 de marzo de cada a\u00f1o, lo que otorga una previsibilidad in\u00e9dita al sistema.
\nSumado a esto, incorpora un componente tecnol\u00f3gico central al establecer una doble prueba de oposici\u00f3n escrita dividida en una etapa general automatizada y otra especial de car\u00e1cter pr\u00e1ctico. Toda esta fase se llevar\u00e1 a cabo en ordenadores cerrados y bajo una estricta codificaci\u00f3n alfanum\u00e9rica, garantizando el anonimato absoluto de los postulantes frente al jurado evaluador.
\nOtro aspecto crucial es el tratamiento de la entrevista personal, hist\u00f3ricamente se\u00f1alada en los pasillos de tribunales como un espacio proclive a la subjetividad. El texto propone acotar su valor relativo a un m\u00e1ximo del 10 por ciento del puntaje total, equivalente a 20 sobre 200 puntos. En esta instancia queda terminantemente prohibido reexaminar conocimientos jur\u00eddicos te\u00f3ricos, limit\u00e1ndose el intercambio a evaluar la aptitud funcional, la visi\u00f3n institucional y la \u00e9tica de los aspirantes.
\nComo resguardo de cara a la sociedad, estas audiencias ser\u00e1n p\u00fablicas, transmitidas por medios audiovisuales y contar\u00e1n con un registro obligatorio para su eventual consulta posterior.
\nEl esquema de calificaci\u00f3n de antecedentes, que totaliza 100 puntos, tambi\u00e9n sufre una reestructuraci\u00f3n profunda. El foco de evaluaci\u00f3n se traslada hacia la excelencia acad\u00e9mica verificable por sobre la simple acumulaci\u00f3n cuantitativa de tr\u00e1mites o antig\u00fcedad administrativa. Para materializarlo, el puntaje se distribuye otorgando hasta 50 puntos a los antecedentes profesionales, un m\u00e1ximo de 30 a la formaci\u00f3n acad\u00e9mica de grado y posgrado, y un tope de 20 a los antecedentes de docencia e investigaci\u00f3n.
\nFinalmente, para evitar maniobras de dilataci\u00f3n burocr\u00e1tica, se introducen reglas de automatizaci\u00f3n de plazos con consecuencias ineludibles.
\nSi las comisiones correspondientes no emiten un dictamen definitivo en los tiempos establecidos, se dar\u00e1 por aprobado autom\u00e1ticamente el informe provisorio de la etapa anterior. En su petitorio de cierre, el documento solicita al Consejo de la Magistratura que d\u00e9 traslado del proyecto para su pronto dictamen y posterior aprobaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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