Los diputados por la UCR, Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, y Carlos Garcia y Rosario Goitia de la Libertad Avanza votaron a favor de la reforma a la Ley de Glaciares. Aldo Leiva, Julieta Campo y Sergio Dolce, todos de Unión por la Patria, en contra.
El oficialismo y los bloques aliados convirtieron en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares.
Tras la media sanción en el Senado, la Cámara baja convalidó el proyecto con 137 votos afirmativos. Los críticos de la iniciativa advirtieron que fue motorizada por empresas mineras.
Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votaron en contra de la reforma-, los libertarios estimaban que la votación arrojaría entre 135 y 140 votos positivos. Finalmente, terminaron siendo 137 a favor.
Por el Chaco, los diputados que responden al oficialismo votaron a favor de la reforma. Ellos son los diputados por la UCR, Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, y Carlos Garcia y Rosario Goitia de la Libertad Avanza.
En tanto, Aldo Leiva, Julieta Campo y Sergio Dolce, todos de Unión por la Patria, en contra.
Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.
La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.
En suma, con esta reforma, las provincias -y sus gobernadores- tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final.
