A través de una carta dirigida al Presidente, la familia del nene desaparecido el pasado 13 de junio de 2024 volvió a reclamar medidas urgentes ante las demoras judiciales y la falta de respuestas en la causa. “El Estado argentino se encuentra obligado a garantizar el acceso efectivo a la justicia y el juzgamiento en un plazo razonable, conforme surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25) y de la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional. La urgencia del caso, que involucra la desaparición de un niño, impone una respuesta estatal reforzada, coordinada y efectiva”, señala el texto.
En un intento por destrabar la causa judicial que investiga la desaparición de su hijo, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, padres de Loan Danilo Peña, mandaron una carta al presidente de la Nación, Javier Milei. En el documento, solicitan la intervención directa del Ejecutivo para remover los obstáculos estructurales que mantienen demorado el inicio del juicio oral.
La carta, dirigida al primer mandatario bajo la carátula de la causa “Benítez, Bernardino Antonio y otros s/ Sustracción de menores de 10 años”, expone la angustia de una familia que ve cómo el paso del tiempo aleja la posibilidad de hallar al niño. Según explican sus progenitores, el proceso se encuentra actualmente paralizado debido a vacancias y subrogancias en el tribunal, lo que impide su conformación plena. “Nos dirigimos a Ud. en el marco de la causa judicial en trámite por la desaparición de nuestro hijo, actualmente en etapa de juicio oral, cuya realización se encuentra demorada por limitaciones estructurales del sistema judicial”.
Los padres de Loan señalaron que el juicio es la instancia definitiva para conocer el paradero del menor. “Toda nuestra expectativa está puesta en la inmediata realización del juicio oral, como única instancia capaz de provocar el quiebre de los imputados y obtener de ellos la verdad que hoy se nos niega: dónde está Loan y qué hicieron con él”.
Asimismo, advierten que cada postergación no solo dilata el proceso judicial, sino que “aleja la posibilidad de encontrarlo“, por lo que exigen que el Estado garantice el acceso efectivo a la justicia en un plazo razonable.
Amparados en el artículo 99 de la Constitución Nacional, Noguera y Peña solicitaron al Presidente que disponga, con carácter de urgente, las medidas políticas e institucionales necesarias para: “En tal contexto, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 99 de la Constitución Nacional, en su carácter de responsable de la administración general del país, venimos a solicitar, que se disponga, con carácter urgente, la adopción de todas las medidas políticas e institucionales necesarias para asegurar la cobertura inmediata de vacantes judiciales, remover los obstáculos estructurales que afectan el funcionamiento del tribunal, garantizar la realización del juicio oral en un plazo máximo de SESENTA (60) días”, expresaron en el texto.
La carta concluye con el pedido de responsabilidad institucional, instando a que “el Estado argentino esté a la altura de la gravedad del caso”. “Por todo lo expuesto, solicitamos a Ud., como máxima autoridad del Estado Nacional, que intervenga de manera inmediata y efectiva para destrabar las condiciones que hoy impiden la realización del juicio oral, adoptando las decisiones políticas y administrativas necesarias para que el proceso avance sin más demoras”, finalizaron.
