La Justicia de Río de Janeiro elevó la causa por injuria racial. La Fiscalía rechazó el pedido para que la imputada regrese a Argentina mientras avanza el proceso.
La Justicia de Brasil resolvió elevar a juicio oral la causa contra la abogada argentina Agostina Páez, acusada de haber realizado gestos racistas en un bar de Río de Janeiro. Además, continuará vigente la prohibición para que abandone el país mientras se desarrolla el proceso.
“El Ministerio Público Fiscal rechazó toda la defensa. Elevaron la causa a juicio y pidieron que se fije una nueva fecha de audiencia”, expresó la joven en declaraciones al medio TN.
Páez está imputada por el delito de injuria racial, que en Brasil contempla una pena de dos a cinco años de prisión. El episodio que originó la causa ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, tras una discusión por la cuenta del consumo.
Días atrás, la defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestionó la validez del expediente y reclamó garantías legales. Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso detallaba horarios y referencias a cámaras de seguridad que, de acuerdo con la estrategia defensiva, no habrían sido incorporadas a la causa.
El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó tanto los planteos técnicos como el pedido para que la acusada pudiera regresar a Argentina y afrontar el proceso desde su país de origen. “Ya le queda poco dinero”, señaló una fuente cercana a Páez en declaraciones a Infobae, al indicar que la abogada afronta los gastos de su estadía en Brasil con ahorros propios.
En el dictamen, la Fiscalía consideró que autorizar su salida podría debilitar el control judicial y complicar la eventual ejecución de una pena, debido a “la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la ley brasileña”. Además, solicitó avanzar hacia la audiencia de instrucción y juicio oral.
La defensa sostuvo que no existió “dolo”, es decir, intención de cometer un delito, y que la acusada habría actuado por desconocimiento cultural de la normativa brasileña. También cuestionó la validez de pruebas digitales y denunció supuesta parcialidad de testigos.
Para la acusación, en cambio, la denuncia cumple con los requisitos legales y cuenta con pruebas suficientes, entre ellas testimonios y registros en video. El documento señala que “los hechos y las víctimas están identificados, la descripción de los eventos es precisa y existen pruebas suficientes (…) para continuar el proceso”.
Asimismo, el Ministerio Público recordó que, tras la sanción de la Ley 14.532/2023, la injuria racial pasó a ser considerada una forma de racismo en Brasil, con un tratamiento más severo que una ofensa común.
En relación con el pedido de regreso a Argentina, la Fiscalía indicó que el Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre ambos países solo rige una vez dictada una condena definitiva y con la aceptación de las partes. “La autorización para que Páez regrese a su país durante la investigación perjudicaría el normal avance de la causa y debilitaría los controles jurisdiccionales”, sostiene el escrito.
