El proyecto establece la obligatoriedad de aplicar los criterios de la Corte Suprema. El incumplimiento será considerado causal de mal desempeño.
La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados y a la espera de su sanción definitiva en el Senado incorporó un artículo clave que generó fuerte polémica en el ámbito judicial: los jueces que no apliquen los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) podrán ser sometidos a un proceso de remoción por mal desempeño. La medida apunta a unificar criterios y reforzar el carácter obligatorio de las sentencias del máximo tribunal.
El artículo 89 del proyecto establece que los magistrados laborales deberán adecuar sus decisiones a los precedentes de la Corte, dejando atrás el sistema de aplicación “caso por caso” que regía hasta ahora. La norma advierte que el apartamiento injustificado de esos lineamientos constituirá causal directa de sanción, con la posibilidad de destitución del cargo.
Hasta el momento, los fallos del máximo tribunal tenían una obligatoriedad relativa en el fuero laboral. Sin embargo, con la nueva redacción, los jueces deberán respetarlos de forma estricta. “Ahora no podrán hacerse más los distraídos”, explicó un especialista en derecho laboral, al destacar el cambio estructural que implica esta modificación en el funcionamiento de la Justicia del Trabajo.
Desde el Gobierno y sectores empresariales aseguran que la medida busca combatir la denominada “industria del juicio” y brindar mayor previsibilidad al sistema. En ese marco, consideran que la unificación de criterios permitirá reducir la litigiosidad y garantizar mayor seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.
La iniciativa también se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para fortalecerse ante los planteos de inconstitucionalidad que anticiparon la CGT y distintos sindicatos. En ese sentido, la obligatoriedad de los fallos de la Corte aparece como una herramienta central para blindar la reforma ante eventuales objeciones judiciales.
Otro punto sensible del proyecto es la transferencia del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que tendrá impacto directo en el Consejo de la Magistratura y en el equilibrio político dentro del organismo encargado de sancionar y remover jueces. Este cambio podría debilitar la histórica influencia del kirchnerismo en ese ámbito.
Desde el Ministerio de Justicia porteño explicaron que la ley busca formalizar un principio que ya debería regir en el sistema judicial: la supremacía de los fallos de la Corte. “En la práctica, algunos jueces no los cumplen y por eso es necesario establecerlo por ley”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la sanción por incumplimiento será una herramienta clave para garantizar su aplicación.
La iniciativa reavivó el debate sobre la independencia judicial, el alcance del control disciplinario y el rol de la Corte Suprema. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un avance institucional, sectores de la oposición y del ámbito judicial advierten sobre posibles tensiones en la división de poderes y anticipan un escenario de fuerte disputa en los tribunales.
