La tensión entre la Cooperativa de Trabajo de Motomandados y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Resistencia se profundizó luego de que los trabajadores denunciaran que el Municipio entregó cascos de seguridad recién después de haber realizado masivos operativos y secuestros de motocicletas.
El conflicto se desató en la capital chaqueña a partir de los controles realizados en distintos puntos neurálgicos de la ciudad, donde decenas de cadetes fueron multados por no contar con el equipamiento obligatorio.
Desde el sector aseguran que se produjo una “secuencia inversa” en la aplicación de las políticas públicas: primero se ejecutaron las sanciones y recién después se entregaron los elementos de protección prometidos. Esta situación, remarcan, dejó a numerosos trabajadores sin su principal herramienta laboral y generó un fuerte impacto económico en familias que dependen exclusivamente del reparto diario para subsistir.
Entrega tardía de cascos
El presidente de la Cooperativa de Motomandados, Fabio Zerpa, fue contundente al explicar el reclamo. “El cuestionamiento que le hacemos al Municipio es que la acción que tuvieron es la demostración de que es recaudatoria, las medidas y las acciones políticas que tienen contra el sector de los motociclistas, ya que primero secuestraron y los exhiben como trofeos”, y agregó que “detrás de cada moto, la mayoría son trabajadores y trabajadoras, que en este momento de la economía del país están llevando el sustento a su casa para poder sobrevivir”.
Zerpa recordó que existe un convenio firmado por el intendente Roy Nikisch que establecía plazos claros para la provisión de cascos. “Emitimos un comunicado con el convenio firmado en diciembre de 2023, donde se daba un tiempo para hacer la entrega. Y fue evidente que entregaron los cascos después de los secuestros. Fueron 70 cascos que 70 familias podían haber tenido antes del secuestro”, subrayó.
Impacto directo en los trabajadores
Desde la cooperativa advierten que el efecto social de los operativos fue inmediato. Calculan que al menos 70 trabajadores quedaron sin poder circular por la ciudad al ser retenidas sus motos por falta de casco, un elemento que —según insisten— ya debería haber estado en sus manos.
Finalmente, reclamó una instancia de diálogo con las autoridades. “La Subsecretaría de Tránsito y Transporte tiene que ser coherente y realista. Le solicitamos al Municipio de Resistencia que convoque a todas las partes: trabajadores, autoridades y fuerzas de control para construir una verdadera política de seguridad vial que no castigue al trabajador”, sostuvo.
Desde el sector de cadetería insisten en que están dispuestos a colaborar para mejorar la seguridad en el tránsito, pero advierten que las medidas punitivas sin prevención solo profundizan la precariedad laboral. El conflicto, por ahora, sigue abierto y a la espera de una respuesta oficial que permita descomprimir la situación.v
