El Gobierno de Mendoza propone multas y trabajo comunitario para adultos responsables de menores agresores. Además, renovaron los protocolos de intervención en las escuelas.
El Gobierno de Mendoza presentó una iniciativa que busca frenar el avance del acoso escolar en las aulas a través de una reforma al Código Contravencional. El proyecto incorpora la figura del bullying y plantea que los padres de los menores agresores tengan responsabilidad directa sobre los actos de sus hijos.
La propuesta incluye sanciones económicas y la aplicación de trabajo comunitario para los adultos que no acompañen en la corrección de conductas violentas. Con esta medida, las autoridades pretenden comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de los chicos.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, fue contundente: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas”. Su declaración refuerza la idea de que la violencia escolar requiere un abordaje conjunto entre Estado, escuelas y familias.
El detonante de esta reforma fue un hecho reciente que conmocionó a la provincia: una niña ingresó armada a una escuela, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas. El episodio, que estaría vinculado a una situación de acoso escolar o grooming, puso en el centro del debate la responsabilidad de los adultos en la prevención de la violencia.
Desde el Ejecutivo remarcan que no se trata solo de sancionar, sino de comprometer a los padres en la formación de sus hijos, fomentando valores de respeto, empatía y convivencia. La estrategia legal se complementa con nuevas herramientas pedagógicas y preventivas dentro de las instituciones educativas.
En lo que va del año, se registraron más de 200 denuncias de bullying a través de la línea 148 y un formulario digital. De ese total, más de 55 casos requirieron intervención y acompañamiento directo de los equipos técnicos de la Dirección General de Escuelas.
La reforma legal
El proyecto que ingresó a la Cámara de Senadores incorpora sanciones escalonadas. La primera contempla trabajo comunitario para los padres por un período de 5 a 50 días. En caso de reincidencia o incumplimiento, se aplicarán multas de entre 500 y 5.000 unidades financieras, equivalentes a entre $210 mil y $2 millones.
Las autoridades destacaron que los fondos recaudados por estas multas tendrán un destino específico: la creación de un fondo para la prevención del bullying y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares de Mendoza.
La iniciativa también incluye herramientas de mediación y talleres de parentalidad. En los casos más graves, los jueces podrán duplicar las sanciones e incluso obligar a las familias a participar de terapias familiares o talleres de acompañamiento.
La intención es que las medidas tengan un carácter educativo y reparador, antes que meramente punitivo. “No queremos que los chicos enfrenten solos estas situaciones. Necesitamos que las familias estén presentes”, remarcaron desde el Ministerio de Educación.
En paralelo, la Dirección General de Escuelas presentó un renovado Protocolo de Actuación. El documento establece pasos concretos que deben seguir los docentes y directivos al detectar un caso de acoso, incluyendo comunicación inmediata con las familias, un plan de acción y seguimiento, y derivaciones a la Justicia o a organismos de protección en los casos más graves.
Con este doble enfoque —legal y educativo—, Mendoza busca dar una respuesta integral a un problema en crecimiento. “Ninguna forma de violencia entre pares será tolerada”, afirmaron las autoridades, que resaltaron la necesidad de que los adultos asuman un rol activo en la formación de sus hijos y en la construcción de una convivencia escolar sana.
