El Tribunal Oral Federal que juzgó la causa Vialidad intimó a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados a devolver $684.990 millones en un plazo de 10 días. La cifra, equivalente a más de 530 millones de dólares, corresponde al daño económico causado por uno de los hechos de corrupción más graves del país.
En un nuevo capítulo del caso Vialidad, la Justicia argentina intimó a Cristina Kirchner y al resto de los condenados a reintegrar al Estado la suma de $684.990.350.139, monto que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) estableció como el perjuicio económico ocasionado por el esquema de fraude en licitaciones de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz.
La decisión fue comunicada este martes por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes dieron 10 días hábiles para realizar el depósito de manera solidaria entre todos los responsables. El plazo vence el 13 de agosto, entre las 7:30 y las 9:30 horas, y, en caso de incumplimiento, la Justicia iniciará el decomiso y remate de los bienes embargados.
📌 Una suma histórica y una advertencia
La cifra, que equivale a más de 530 millones de dólares, fue determinada con base en los cálculos de los peritos del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema, descartando el informe presentado por la defensa de Cristina Kirchner, que estimaba el perjuicio en $42.000 millones.
Los jueces establecieron que el pago debe realizarse “como parte del decomiso ordenado por los daños al erario público en un gravísimo hecho de corrupción”, y dejaron claro que se ejecutarán los bienes embargados si no se cumple con la orden.
⚠️ Bienes en la mira
La Justicia ya tiene identificados 213 propiedades, 14 vehículos y 6 sociedades pertenecientes a los condenados. Entre los bienes que podrían ser decomisados de Cristina Kirchner se encuentran:
- Departamentos y cocheras en Puerto Madero
- Seis millones de dólares en efectivo
- Hoteles en El Calafate
- Propiedades en Río Gallegos
- Sociedades como Hotesur y Los Sauces
Según su última declaración jurada, la expresidenta declaró un patrimonio de $250 millones, ya que cedió parte de sus bienes a sus hijos Máximo y Florencia mediante un anticipo de herencia. No obstante, esos bienes también están embargados y podrían ser rematados.
El empresario Lázaro Báez, condenado en múltiples causas, es quien posee la mayor cantidad de activos, incluyendo:
- Cerca de 40 estancias
- Vehículos de alta gama
- Aviones privados
- Un patrimonio estimado en 120 millones de dólares
Sin embargo, gran parte de sus bienes ya están comprometidos en otras causas, como la conocida “Ruta del dinero K”, donde fue condenado por lavado de dinero.
🧾 Otras complicaciones judiciales
El Tribunal también solicitó al Juzgado Comercial N°28 información detallada sobre el estado de la quiebra de Austral Construcciones, empresa clave en el esquema de corrupción, para determinar qué bienes pueden ser utilizados para pagar la deuda.
Además, se investiga si Claudia Insaurralde, pareja de Báez, recibió transferencias patrimoniales irregulares para evitar embargos. La Justicia tiene facultades para avanzar con esa pesquisa.
🧑⚖️ El objetivo: recuperar lo robado
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsaron este decomiso como una forma de recuperar activos obtenidos por delitos de corrupción, evitar que los condenados disfruten de lo obtenido ilícitamente y reparar el daño al Estado.
Según explicaron, la suma total fue calculada por los sobreprecios en 51 licitaciones y las pérdidas por obras abandonadas. De cumplirse la orden judicial, se trataría de uno de los mayores recuperos de activos por corrupción en la historia argentina.
El reloj corre y la Justicia puso en marcha una cuenta regresiva con consecuencias patrimoniales millonarias para los principales responsables del mayor escándalo de obra pública en democracia.
