El juez Sebastián Casanello lo acusó de negociaciones incompatibles con la función pública. Se investiga un entramado de contratos con comisiones millonarias a intermediarios ligados a su entorno.
El expresidente Alberto Fernández fue procesado sin prisión preventiva en una causa por presunta corrupción vinculada al negocio de los seguros contratados por organismos del Estado. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó un embargo de más de $14.600 millones sobre sus bienes.
La acusación principal es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de un esquema que, según la Justicia, favoreció a intermediarios privados con comisiones millonarias a través de Nación Seguros. La causa se originó a partir de una investigación periodística del diario Clarín y comenzó a ser instruida por el juez Julián Ercolini.
También fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández; su esposa María Cantero, quien fue secretaria privada del expresidente; y varios exfuncionarios de Nación Seguros, entre ellos su extitular Alberto Pagliano. Todos quedaron involucrados por su presunta participación en un esquema de desvío de fondos públicos mediante contratos con intermediarios designados a dedo.
Una “estructura criminal” detrás de los contratos
La Justicia investiga 45 contratos celebrados por distintos entes estatales, que habrían sido direccionados a 25 brokers, algunos ligados directamente al entorno del expresidente. Se habla de una estructura organizada que operó entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 para recaudar y distribuir comisiones ilegales.
Según Casanello, Nación Seguros pagó $3.364 millones en comisiones durante la gestión de Fernández. El grupo más beneficiado fue el encabezado por Martínez Sosa, cuya firma recibió más del 59% de esos pagos: cerca de $2.297 millones. La cifra contrasta con los poco más de $150 mil que esa empresa había recibido en total durante los tres años anteriores al mandato de Fernández.
Otros brokers beneficiados fueron Pablo Torres García y Oscar Castello, que también recibieron montos millonarios. En total, los tres grupos concentraron más del 68% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros en ese período.
Un decreto clave y el rol de Nación Seguros
La maniobra se habría facilitado mediante un decreto firmado por Alberto Fernández, que obligaba a organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Esta medida habilitó un negocio cerrado donde los intermediarios eran elegidos sin competencia ni licitación.
El juez también señaló el uso de coaseguros en contratos con ANSES, a través de aseguradoras como San Germán y San Cristóbal, por sumas que superan los $3.300 millones.
El vínculo personal detrás del esquema
Uno de los elementos centrales del fallo de Casanello es la relación personal y comercial entre Fernández y Martínez Sosa, a quien el expresidente conocía desde hace años. Su esposa, María Cantero, ocupó el cargo de secretaria ejecutiva en la Presidencia y, según la causa, usó su posición para beneficiar los negocios familiares, gestionando reuniones y contratos con distintos entes estatales.
La Justicia sostiene que Fernández no solo conocía el conflicto de intereses, sino que avaló la situación, permitiendo el funcionamiento del esquema de corrupción desde el corazón del Poder Ejecutivo. “No impuso barreras al accionar infiel. Por el contrario, lo habilitó”, señala la resolución de más de 400 páginas.
Una trama de poder, favores y negocios
El juez destacó que entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero existía una relación que excedía la amistad: se compartían llamadas, chats, visitas, regalos y favores, incluso pagos informales a funcionarios de la Presidencia para asegurar fidelidad.
“Lo que debía ser una gestión pública transparente se convirtió en una herramienta al servicio de intereses privados”, concluyó Casanello, dejando en evidencia una trama que mezcló poder político, negocios personales y desvío de fondos públicos.
Con este procesamiento, Fernández enfrenta su causa judicial más grave desde que dejó la presidencia. Aunque seguirá en libertad, el caso podría marcar un punto de inflexión en su futuro político y judicial.
