Las compañías de transporte urbano aseguran que no pueden afrontar los aumentos salariales pactados a nivel nacional y solicitaron una audiencia urgente con la UTA para evitar medidas de fuerza. El gremio advirtió que podría ir al paro desde el 18 de junio.
La tensión en el transporte público de Corrientes va en aumento. La Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) y la firma Miramar Estrella UT solicitaron formalmente a la Secretaría de Trabajo de la provincia que convoque a una audiencia de conciliación urgente con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes.El pedido empresarial se basa en la imposibilidad de cumplir con el acuerdo salarial firmado el pasado 22 de mayo entre la UTA nacional y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que fija un sueldo básico de casi $1,3 millones para los choferes, sin contar adicionales como antigüedad o viáticos.Según las empresas, no cuentan con los recursos necesarios —ni a través de las tarifas actuales ni mediante subsidios— para hacer frente a estos compromisos. Además, recordaron que el acuerdo local firmado el 19 de marzo con la UTA incluía una cláusula (la quinta) que permite revisar los términos en caso de dificultades económicas específicas de cada jurisdicción.En ese marco, CETUC y Miramar Estrella solicitaron activar esa cláusula y abrir un canal de diálogo urgente para evitar el agravamiento del conflicto.Por su parte, desde la UTA Corrientes advirtieron que el acuerdo nacional debe cumplirse íntegramente antes del 17 de junio. De no concretarse los pagos en tiempo y forma, el sindicato advirtió que podría iniciar medidas de fuerza desde el 18, entre ellas, un paro total de actividades.“El acuerdo establece plazos claros para aplicar las actualizaciones salariales. Si no se cumplen, podríamos iniciar un paro a partir del 18 de junio”, advirtió José Sabao, secretario general del gremio en Corrientes. No obstante, el dirigente se mostró dispuesto a dialogar para evitar la interrupción del servicio.Sabao también apuntó contra el Estado provincial y el Municipio, al afirmar que el transporte urbano es un servicio público y no puede quedar solo bajo la responsabilidad de los empresarios. “El financiamiento del transporte no es un problema nuevo, pero se agravó notablemente por la eliminación de los subsidios nacionales”, agregó.La situación es crítica y, de no encontrarse una solución en los próximos días, miles de usuarios del transporte público podrían verse afectados por una nueva paralización del servicio.
