Una nueva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que más del 80% de los beneficiarios percibía por parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplir los requisitos. “En Taco Pozo de 860, cerca de 760 pensiones son truchas, y es una localidad con aproximadamente 9 mil habitantes”, explicó a este medio el Fiscal Carlos Amat.
En la provincia del Chaco, se ha descubierto que el 66% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral las cobraban de manera irregular, según informó a Eadio Sudamericana el fiscal federal Carlos Amat quien esta subrogando el juzgado de Saenz Peña.
Esta situación implica que dos de cada tres beneficiarios recibían fondos públicos sin tener derecho a ellos, posiblemente con la complicidad de funcionarios de gestiones anteriores.
El fiscal explicó que la investigación se inició en la localidad de Taco Pozo, donde se detectó que aproximadamente el 10% de la población percibía pensiones por invalidez, un porcentaje inusualmente alto que despertó sospechas. Las auditorías revelaron que muchas de estas pensiones fueron otorgadas a personas sin ningún grado de incapacidad o discapacidad. Además, se descubrió que algunos certificados médicos presentados eran falsos, incluyendo casos en los que se utilizó la misma radiografía para múltiples solicitudes. “De 860, cerca de 760 pensiones son truchas”, dijo.
El fiscal Amat destacó la gravedad de la participación de profesionales de la salud en la emisión de certificados médicos falsos, lo que facilitó el fraude al Estado. Asimismo, señaló que la investigación se ha ampliado a otras localidades para determinar si estas prácticas fraudulentas se replicaron en diferentes regiones de la provincia.
Este caso se enmarca en una serie de denuncias y auditorías a nivel nacional que buscan transparentar el sistema de pensiones no contributivas y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
En julio de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni informó sobre una auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que detectó desvíos de fondos estimados en 3.400 millones de dólares en el otorgamiento de pensiones durante gestiones anteriores
