El presidente Javier Milei presentó este jueves, en un mensaje transmitido por cadena nacional desde la Casa Rosada, un proyecto de ley al que denominó “grillete fiscal”, una herramienta que busca garantizar por ley el equilibrio de las cuentas públicas y evitar que el Estado nacional vuelva a sostener un presupuesto deficitario.
La iniciativa, que a partir de ahora deberá tratarse en el Congreso, establece que ante un desequilibrio fiscal sostenido en el tiempo se activará de manera automática un mecanismo de cierre parcial de la administración pública, con la suspensión de los sueldos de los principales funcionarios del Estado como su medida más resonante.
UNA REGLA PERMANENTE CONTRA EL GASTO PÚBLICO
Milei enmarcó la propuesta dentro de un paquete de reformas económicas más amplio, que incluye además cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, una apertura del mercado de capitales y una desregulación del mercado de seguros. Sobre el “grillete fiscal” en particular, fue contundente: “Se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no pueda votar ni sostener un presupuesto deficitario”, manifestó.
De esta manera, el Presidente justificó la necesidad de una ley y no de un simple acuerdo político apelando a la experiencia de su propia gestión frente al Congreso: “La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público”, sostuvo, y recordó las tensiones del año pasado en torno a proyectos que, a su entender, buscaban precipitar la quiebra del Estado.
EL MECANISMO, PASO A PASO
De acuerdo con la explicación del Presidente, el funcionamiento sería el siguiente: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo lograse, entrará en vigencia automática el mecanismo. En ese escenario se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias.
Quedarían exceptuados de estas restricciones los servicios considerados esenciales, entre ellos el pago de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, que continuarían funcionando con normalidad.
