El gobernador de Salta pidió suspender planes sociales a extranjeros y reasignarlos a jubilados y personas con discapacidad

Gustavo Sáenz reclamó priorizar a los sectores más vulnerables y criticó la suspensión de pensiones a personas con discapacidad. Además, presentó un amparo ante la Corte Suprema para restablecer beneficios sociales en la provincia.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a encender la polémica con un fuerte planteo al Gobierno Nacional: pidió suspender los planes sociales que cobran extranjeros en zonas de frontera y reasignar esos fondos a jubilados y personas con discapacidad.

El mandatario calificó como una “torpeza” la suspensión de beneficios a personas con discapacidad y explicó que la medida desconoce la realidad de provincias extensas como Salta, donde muchos beneficiarios viven en parajes alejados y no pueden trasladarse con facilidad para cumplir con auditorías.

Sáenz también apuntó contra lo que definió como un “abuso en la frontera”: “Mes a mes se cruzan de un país a otro para cobrar la asignación universal y después se vuelven al país vecino”, sostuvo. Según su propuesta, suspender esos beneficios permitiría reforzar los fondos para quienes realmente lo necesitan en la Argentina.

El gobernador defendió además la decisión de arancelar la atención médica a extranjeros en hospitales provinciales: “Era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse gratis. En cualquier parte del mundo nos cobran la salud; acá también debería aplicarse”.

🔹 El amparo ante la Corte Suprema
La Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para restablecer de inmediato las pensiones por invalidez y otros beneficios suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La provincia exige:

  • El restablecimiento inmediato del pago de pensiones.
  • La devolución retroactiva desde la fecha de suspensión.
  • La nulidad de las auditorías irregulares.
  • Un procedimiento transparente y accesible que garantice derechos a los beneficiarios.

Sáenz advirtió: “No pueden pagar justos por pecadores. Hoy tenemos familias y organizaciones denunciando la vulneración de derechos básicos”.