La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió de forma temporal la orden que obligaba al Gobierno argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. Se abre un nuevo plazo para presentar argumentos.
Argentina logró un respiro judicial en la disputa por el caso YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York resolvió este martes suspender de manera preventiva la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que exigía al Gobierno argentino entregar, en un plazo de 72 horas, el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park.
“El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, informó la secretaria del tribunal.
La medida evita, por el momento, que Argentina sea declarada en desacato por incumplir la orden de Preska y le otorga más tiempo a las partes para presentar sus argumentos en la apelación de un fallo que condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares más intereses, tras haber violado el estatuto de YPF durante la expropiación de 2012.
¿Qué originó el conflicto?
En 2012, el Estado argentino expropió el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol, pero no ofreció las mismas condiciones al resto de los accionistas, lo que dio pie a la demanda. Dos años después, Argentina acordó pagar 5.000 millones de dólares a Repsol, pero los accionistas minoritarios —entre ellos las sociedades del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi— no recibieron compensación alguna.
En este escenario, el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de esas sociedades insolventes y, junto con Eton Park, acudió a la justicia estadounidense. La jueza Preska falló en su favor en 2023, dejando fuera del litigio a la propia YPF, lo que significa que es el Estado argentino quien debe afrontar el pago si el fallo queda firme.
Un costo que sigue creciendo
A la millonaria condena se suman intereses que incrementan la deuda en 2 millones de dólares por día. Además, el Gobierno argentino enfrenta un serio obstáculo legal: la Ley de Estatización de YPF prohíbe transferir acciones expropiadas sin la autorización previa del Congreso, lo que complica cualquier intento de cumplimiento.
¿Qué sigue ahora?
El proceso continuará ante un panel de tres jueces de la Cámara de Apelaciones, quienes evaluarán si corresponde mantener la suspensión y avanzar con la revisión del fallo. Mientras tanto, Argentina gana tiempo en una causa clave que podría tener un fuerte impacto económico y político en plena reconfiguración del escenario nacional.
Este nuevo capítulo judicial no resuelve el conflicto, pero da al Gobierno un margen vital para intentar revertir o al menos reducir el impacto de una sentencia histórica.
