El gobierno porteño volvió a reclamar a la Justicia que traslade a la expresidenta. Argumentan que su presencia “complica a los vecinos”. En la madrugada del viernes hubo un fuerte operativo policial y se retiraron pancartas frente a su edificio.
Este viernes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires renovó su pedido para que Cristina Fernández de Kirchner no cumpla prisión domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución. La solicitud fue planteada públicamente por Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad porteño:
“Le pedimos a la Justicia que Cristina no esté en su departamento, porque nos complica a nosotros y a los vecinos”, declaró en diálogo con Radio Rivadavia.
La madrugada del viernes comenzó con un intenso operativo de seguridad en la zona. Agentes de la Policía Federal instalaron vallas metálicas en la esquina de San José y Humberto Primo, y el personal de higiene urbana retiró pasacalles y pancartas colocadas por militantes en apoyo a la expresidenta.
La situación generó malestar tanto en el entorno de la exmandataria como entre dirigentes del kirchnerismo, ya que durante toda la semana hubo manifestaciones en el lugar y se preparaba un banderazo convocado por sectores peronistas por el Día de la Bandera. Ante la tensión creciente, ese acto fue trasladado al auditorio de Parque Lezama.
Cristina Kirchner reaccionó desde sus redes sociales con duras críticas al operativo y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich:
“Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y de forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”, expresó.
Cabe recordar que días atrás, antes de que se hiciera efectiva la prisión domiciliaria, el Gobierno de la Ciudad había presentado una solicitud formal ante la Justicia para que la expresidenta no permaneciera en su vivienda particular durante el cumplimiento de la condena. La Procuración porteña había fundamentado su pedido en los inconvenientes logísticos y de seguridad que representa su presencia en el edificio.
La controversia suma un nuevo capítulo a un escenario ya tenso, donde las decisiones judiciales, los posicionamientos políticos y la seguridad urbana se entrecruzan en un mismo punto geográfico y simbólico: la vivienda de la expresidenta.
