El juez Jorge Gorini definirá en los próximos días si la ex presidenta podrá cumplir su condena en su vivienda del barrio porteño de Constitución.
Un informe oficial determinó que el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la esquina de San José y Humberto Primo, en el barrio de Constitución, es apto para cumplir prisión domiciliaria. La evaluación fue realizada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y ya fue presentada ante el Tribunal Oral Federal N°2, a cargo del juez Jorge Gorini.
El documento forma parte del análisis previo para definir el lugar de detención de la ex mandataria, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. Gorini tenía previsto tomar licencia la semana próxima, pero decidió suspenderla y estará presente el miércoles, cuando podría tomar una decisión clave.
Qué dice el informe
Además de considerar adecuado el departamento, el informe detalla las condiciones del entorno: el tránsito peatonal y vehicular, la dinámica del barrio y la estructura de las viviendas vecinas. Aunque el resultado no es vinculante, sí es un elemento relevante en el análisis judicial.
La defensa pidió prisión domiciliaria
Los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron la prisión domiciliaria con tres argumentos principales:
- Edad avanzada (más de 70 años)
- Razones de seguridad, por su condición de ex presidenta y víctima de un intento de magnicidio
- Ausencia de riesgo de fuga
También pidieron que, mientras se resuelva el lugar definitivo de cumplimiento de la pena, la ex mandataria comience su detención de forma domiciliaria en ese mismo departamento.
Cuestionamientos y advertencias
La defensa advirtió que, si el pedido es rechazado, recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos. Argumentaron que las normativas vigentes, como la Convención Americana de Derechos Humanos y las “Reglas Mandela”, respaldan la solicitud de trato digno a personas privadas de libertad, especialmente en casos con condiciones especiales como el de Cristina.
En ese sentido, los abogados remarcaron que encarcelar a una ex presidente representa un riesgo para su seguridad y un obstáculo para mantener el régimen de custodia especial que le corresponde. También recordaron que el atentado que sufrió en 2022 no está totalmente esclarecido, y que algunos de los posibles autores intelectuales aún están en libertad.
Además, criticaron duramente los sistemas de vigilancia extrema, como el que se aplicó en su momento a Milagro Sala, señalando que violan estándares internacionales de dignidad humana.
¿Próximo paso?
El juez Gorini fue hasta ahora cauto y rechazó dos pedidos de detención inmediata presentados por el fiscal Diego Luciani. Su continuidad al frente del proceso —evitando delegar en el juez Rodrigo Giménez Uriburu, conocido por su cercanía con el macrismo— fue bien vista por el entorno de Cristina.
El próximo miércoles será una fecha clave: el juez podría definir si la ex presidente comenzará a cumplir su condena bajo arresto domiciliario.
